En el mundo financiero mexicano, los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAs) se han posicionado como instrumentos atractivos y aparentemente seguros, respaldados por activos tangibles y administraciones profesionales. Son, en teoría, vehículos que impulsan el desarrollo inmobiliario mediante el arrendamiento y la monetización de bienes, permitiendo a empresas crecer y diversificar sus ingresos.
En ese universo, AgroFibra ocupa un lugar singular: es el primer fideicomiso inmobiliario del país enfocado exclusivamente en el sector agroindustrial. Su modelo innovador ha logrado atraer capital público y privado, con inversionistas de peso como las Afores Inbursa, Infonavit y XXI Banorte. Sin embargo, detrás de su imagen de innovación y estabilidad, documentos oficiales y testimonios apuntan a que su administración enfrenta una trama de conflictos de interés, favoritismos y presuntas violaciones a la Ley del Mercado de Valores (LMV) que podrían poner en riesgo cientos de millones de pesos provenientes de los ahorros de retiro de los trabajadores mexicanos.
El 29 de julio de 2025, una Asamblea Ordinaria de Tenedores que pretendía marcar el inicio de una nueva etapa para la FIBRA terminó convertida en un episodio cuestionado por su opacidad y la sospecha de que se favoreció a un jugador en particular: Lexington Capital. De acuerdo con una denuncia presentada el 11 de agosto ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por el inversionista Sebastián Jorge Hanhausen Vignon, la asamblea estuvo marcada por irregularidades que van desde la designación de un miembro “independiente” con vínculos financieros con Lexington, hasta la omisión de presentar documentos clave con la debida anticipación.
La Ley del Mercado de Valores exige que todo el material de una asamblea se entregue a los tenedores con al menos diez días naturales de anticipación, pero en este caso se distribuyó apenas siete días antes, y con modificaciones de último momento el mismo día de la reunión. Más grave aún, la carta de manifestación de independencia del nuevo integrante del Comité Técnico, Gerardo Martín Flores Deuchler, nunca se compartió con los asistentes, pese a que la presidenta de la asamblea, la licenciada Patricia Flores Milchorena, aseguró tenerla en su poder.
Errores en el orden del día, confusión en los nombres y funciones de comités, y la ausencia de debates clave terminaron de empañar la reunión. El resultado: una denuncia formal que pide la nulidad de la asamblea por violar tanto la LMV como el contrato del fideicomiso. El expediente ya está en manos de la CNBV, con copias enviadas a CI Banco, Banco Actinver, la administradora de AgroFibra y la Bolsa Institucional de Valores.
La disputa por AgroFibra va mucho más allá de un pleito corporativo. En juego está el control de un instrumento estratégico para el agro mexicano, un sector que genera más de 60 mil millones de dólares al año. También está en riesgo la credibilidad de los mecanismos de gobierno corporativo que deberían proteger a los inversionistas. El temor es que, si Lexington Capital logra consolidar su influencia, los intereses privados se impongan sobre el valor patrimonial de millones de ahorros de trabajadores.
AgroFibra nació para convertirse en un motor de financiamiento y modernización del campo mexicano, un pilar para las cadenas de suministro y logística del agro nacional, especialmente ante la próxima renegociación del T-MEC. Su futuro dependerá de que prevalezca la transparencia y la legalidad sobre las maniobras de control corporativo disfrazadas de asambleas ordinarias.
