Buenos Aires. Múltiples marchas se realizaron este martes en Argentina en una jornada de reclamo de organizaciones sociales por la entrega de alimentos a comedores populares que gestionan, y que afirman se interrumpió en diciembre cuando el gobierno de Javier Milei inició una auditoría.
La concentración principal se realizó hacia el mediodía frente a la quinta presidencial de Olivos, en la periferia norte de Buenos Aires, donde centenares de manifestantes marcharon para pedir mayor asistencia del gobierno.
Un fuerte operativo de seguridad, de la policía federal, el cuerpo de infantería y la gendarmería, fue montado en torno a la residencia para disuadir la llegada de los manifestantes y despejar el tránsito.
Camiones hidrantes y cuadrillas de policías motorizados también participaron del operativo desplegado a varias cuadras del lugar, donde no se encontraba el mandatario Javier Milei, quien llegó hacia mediodía de una gira por Estados Unidos.
“Es una vergüenza el operativo porque acá no hay asesinos, criminales, acá hay gente que tiene hambre, tiene necesidad y que está haciendo un reclamo, y tiene derecho a hacerlo”, dijo a periodistas el líder piquetero Eduardo Belliboni.
Paralelamente, los organizadores anunciaron 500 cortes de ruta (piquetes) en todo el país, aunque fuera del radio de la capital argentina a fin de eludir el “protocolo antipiquetes” del ministerio de Seguridad.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a cargo de la cartera que gestiona ayudas sociales, fue intimada por la justicia para detallar la asistencia prestada desde diciembre a los comedores populares en un país donde la mitad de la población vive en la pobreza.
En febrero, el líder de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois denunció penalmente a Pettovello “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la república Argentina, violando así normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza”.
Pettovello ha firmado convenios de asistencia alimentaria con iglesias evangélicas y con Cáritas Argentina, dependiente de la iglesia Católica.
Es una semana de gran conflictividad en Argentina, luego de un paro parcial de transporte el lunes y previo a la huelga general prevista para el jueves, la segunda convocada por la central sindical CGT desde que asumió Milei en diciembre.
“El paro no tiene otro otra motivación que no sea estrictamente política”, dijo el martes el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Con todo el daño y el mal que han hecho en el gobierno anterior, todavía (los sindicatos) no explican por qué nunca dijeron nada” hasta este momento, agregó.
Argentina vive una fuerte recesión económica, con una inflación que roza el 290% interanual y un ajuste fiscal que permitió en el primer trimestre del año el primer superávit fiscal desde 2008, pero al costo del cierre de organismos del Estado, miles de despidos, quita de subsidios, aumento a las tarifas y licuación de salarios y jubilaciones.
