Si algo ha quedado claro tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Controversia Constitucional 174/2025, es que en Guerrero existe una nueva disciplina administrativa: perder jurídicamente y, aun así, intentar vender el resultado como un triunfo político. Y nadie parece practicarla con más entusiasmo que el auditor superior del estado, Marcos César Paris Peralta.
La Corte fue contundente. Los actos emitidos por la Auditoría Superior del Estado que dieron origen al conflicto fueron declarados inválidos por no ajustarse al marco constitucional en materia de fiscalización de recursos federales. En cualquier institución seria, una resolución de esa naturaleza obligaría a la autocrítica, a la revisión de procedimientos y, quizá, a una reflexión sobre los límites legales de las facultades públicas.
Pero no. En Guerrero ocurrió algo más creativo.
En lugar de explicar por qué la máxima autoridad judicial del país concluyó que la ASE actuó fuera de sus atribuciones, el discurso institucional optó por sembrar la idea de que, aunque la Corte invalidó sus actuaciones, las sospechas y acusaciones siguen tan vivas como siempre. Una posición que equivale a decir: “Nos dijeron que no podíamos hacer lo que hicimos, pero queremos que todos sigan creyendo en las conclusiones obtenidas mediante aquello que no podíamos hacer”.
Es una pirueta argumentativa digna de estudio.
Marcos César Paris Peralta parece más preocupado por sostener una narrativa mediática que por asumir la responsabilidad institucional que implica haber sido corregido por la Suprema Corte. Porque el fondo del asunto no es si alguien simpatiza o no con el Ayuntamiento de Acapulco. El fondo es que la Corte estableció que la Auditoría actuó fuera del cauce constitucional. Y cuando eso ocurre, la discusión debería centrarse en la actuación del auditor, no en fabricar cortinas de humo para distraer la atención.
Resulta paradójico que quien tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley termine convertido en protagonista de una resolución que cuestiona precisamente la legalidad de sus actos. Más paradójico aún es que, lejos de ofrecer explicaciones, se pretenda trasladar el debate hacia presuntas irregularidades que nunca fueron materia de análisis de la Corte.
La estrategia es conocida: si no puedes ganar en los tribunales, intenta ganar en la percepción pública. Si la sentencia no te favorece, interpreta el fallo hasta que parezca otra cosa. Si la Constitución te pone límites, presenta esos límites como un simple detalle técnico. Y si alguien señala la derrota jurídica, responde con insinuaciones que permitan cambiar de tema.
Lo preocupante es que esta conducta erosiona la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo de rigor y objetividad. La Auditoría Superior del Estado no está para protagonizar disputas políticas ni para construir relatos convenientes. Está para fiscalizar conforme a la ley. Nada más, pero tampoco nada menos.
Porque cuando un auditor es corregido por la Suprema Corte, la pregunta obligada no es qué tan grave era lo que investigaba. La pregunta es por qué decidió actuar de una manera que terminó siendo declarada inválida por el máximo tribunal del país.
Marcos César Paris Peralta debería explicar eso antes de intentar convencernos de cualquier otra cosa o separarse del cargo.
Al final, la resolución deja una imagen difícil de ignorar: un auditor que presume combatir irregularidades mientras la Suprema Corte le recuerda que el primer requisito para fiscalizar es respetar la Constitución. Y en política, como en el derecho, hay derrotas que pueden maquillarse con comunicados, pero no pueden esconderse detrás de ellos. La de Marcos César Paris Peralta parece ser una de esas.
