Ciudad de México. México cuenta con la infraestructura para entregar el agua acordada con Estados Unidos, a través de las presas La Amistad (Coahuila) y Falcón (Tamaulipas) sobre el Río Bravo, el problema es “que debe operarse de forma eficiente, no sólo los embalses, sino también programar y prevenir la asignación de esos volúmenes para cumplir con las obligaciones del tratado considerando los condicionamientos climatológicos que hay”, señalaron expertos en la materia.
Integrantes del Consejo Consultivo del Agua, Agua Capital y la Red de Agua Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mencionaron que el gobierno se ha atrasado más de la cuenta, lo que generó que el volumen del líquido que se debe entregar nominalmente hasta 2030 sea “muy significativo”. Si bien, reconocieron que primero se deben atender las necesidades de todos los mexicanos, no se tienen que dejar de lado estas provisiones de los convenios para evitar estar en esta situación.
Consideraron que el acuerdo binacional de agua debe seguir operando por separado y no incorporarlo a las negociaciones del TMEC, puesto que es un convenio cien por ciento jurídico y funciona para México, ya que sólo está obligado a proporcionar un tercio del líquido.
En conferencia de prensa, en relación con las reformas a la Ley General de Aguas y Ley de Aguas Nacionales sostuvieron que se establecen nuevas reglas, refuerzan la prevención de delitos hídricos y clarifican las facultades de la autoridad federal. Sin embargo, “no incluyen incentivos para mejorar la eficiencia en el uso del recurso, como el sector agrícola, que consume 76 por ciento del recurso nacional”, sostuvo Eduardo Vázquez, director de Agua Capital.
Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, destacó que será necesario que se defina de dónde saldrán los recursos para poder cumplir con las metas que establecen tanto el Plan Nacional Hídrico, como las necesidades de infraestructura para este tema que tiene el país.
Recordó que organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), establecen que los países deben invertir al menos uno por ciento de su PIB en materia hídrica. Para México representa alrededor de 350 mil millones de pesos por año. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se destinó cerca de 36 mil 200 millones de pesos, que representa el 10 por ciento de la cantidad recomendada, por lo cual resulta insuficiente, advirtió.
Al respecto, Jorge Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, subrayó que esta normativa podría ser el inicio de la transformación jurídica profunda del sector hídrico, pues desde la incorporación del derecho humano al agua y al saneamiento en 2012, el país no había enfrentado una revisión tan amplia y compleja de su marco legal, afirmó.
“Sabemos que no basta con tener una ley. Necesitamos construir rutas claras para su implementación, fortalecer capacidades y dejar explícitos los derechos y responsabilidades de todos los usuarios. Solo así podremos avanzar hacia una verdadera Seguridad Hídrica basada en equidad, sostenibilidad y responsabilidad pública”, explicó Arriaga.
Además, los especialistas advirtieron que se prevén al menos dos años de escasez de líquido, por lo cual deben cambiar los hábitos entre la población en general, y a nivel gobierno poner en marcha planes de prevención.
Rodríguez advirtió que el país enfrenta un reto estructural que va más allá del diseño normativo: “México vive una crisis hídrica que no se resolverá sólo con una nueva Ley, y será indispensable fortalecer capacidades técnicas, presupuestales y de infraestructura para que cualquier reforma tenga efectos tangibles”.
