Tres veces por semana, migrantes provenientes de Venezuela acuden a la Estación Migratoria Siglo XXI, de Tapachula, Chiapas, con la esperanza de obtener información sobre los vuelos humanitarios que les permitan regresar a su país.
Bajo la sombra de un árbol de mangos, cercano a la oficina de Migración, se encontraba sentada Sonia, sudamericana de 65 años, quien salió de su país hace más de ocho meses.
Relata que su esposo, de 63 años, sufre un edema cerebral, por lo que tiene el lado derecho del cuerpo dormido, esto le dificulta caminar y firmar documentos.
“Mi esposo es discapacitado, el que trabaja para pagar los gastos es mi sobrino”, señaló.
La mujer decora chanclas que ofrece para obtener recursos, aunque las ventas son escasas: “No junto para comprar boletos de avión. A mi edad no me dan trabajo. No tengo otra entrada para comprar un vuelo. Ya me quiero ir”.
VARADOS DESDE INICIO DE AÑO
Desde febrero, migrantes varados en la frontera sur comenzaron a solicitar que los incluyeran en vuelos humanitarios.
Sonia entregó copia de su pasaporte y su dirección dicho mes y desde entonces no ha recibido respuesta. “Ojalá nos tomen en cuenta, hay muchos niños, adultos mayores y familias que necesitan volver”.
Desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, el sueño americano se ha desvanecido para miles de extranjeros en tránsito que buscaban una nueva oportunidad de vida.
Muchos permanecen atrapados en un limbo migratorio en territorio chiapaneco: no pueden regresar a sus países de origen ni avanzar hacia el norte de México.
CAJAS DE CEBO PARA RATAS, SU JUEGO
El Instituto Nacional de Migración (INM) improvisó un módulo de atención con vallas metálicas y una lona. Mientras esperan ser atendidos, los hijos de los migrantes juegan en el área con una caja de cebo para ratas.
Los indocumentados denunciaron que fueron víctimas de discriminación por parte del INM en Chiapas. En la Estación Siglo XXI, el activista Luis Villagrán se manifestó con una manta que rezaba: “Migrar no es un crimen”.
“Esperamos cambios sustanciales para que los migrantes reciban un trato digno, humano y respetuoso, apegado a la ley. Migrar no debe criminalizar”, advirtió.
El activista también denunció un presunto desvío del presupuesto otorgado por la Unión Americana al INM para facilitar la repatriación de extranjeros en tránsito y exigió una investigación sobre Farah Gertrudis Cerdio Moisés, titular del Instituto en Chiapas.
“Los migrantes no pueden regresar a Venezuela, pero tampoco avanzar porque están atrapados en un limbo migratorio, entre ellos mujeres”, alertó.
Se estima que en Chiapas hay alrededor de 35 mil personas varadas en espera de regularizar su situación migratoria, entre ellas 2 mil venezolanos que buscan regresar a su país.
“Tapachula es una ciudad complicada en todos los aspectos. Es una cárcel migratoria sin empleo”, concluyó Villagrán, quien hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que atienda a los migrantes que desean regresar, y que quienes deseen quedarse, puedan realizar sus trámites conforme a la ley.
(Con información de 24hrs)
