Los asesores de victímales de Quintana Roo que colaboran en las diversas instituciones que se encargan de atender los casos de víctimas de violencia, requieren una atención especial para que mejoren sus condiciones laborales, ya que de esta manera surgirán cambios a favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y demás grupos vulnerables que se enfrentan a situaciones de riesgo.
Sobre el tema, la integrante de la Red Feminista Quintanarroense, la abogada y académica, Yunitzilim Rodríguez Pedraza, explicó que es necesario que el Poder Ejecutivo refuerce presupuestalmente a instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (Ceaveqroo) y el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), que cuentan con asesores víctimas y son el primer contacto con las personas que viven algún tipo de violencia, ya que sus condiciones actuales como los bajos salarios y una carga de hasta 600 carpetas por asesor, provoca fallas graves en la procuración de justicia, que deriva en situaciones de revictimización, desaseo en el proceso, pues las víctimas son cambiados de asesores durante el proceso de investigación, sin que sean notificados y de esa manera no alcanzan avances importantes en la carpeta de investigación y se integran al rezago que actualmente tienen la Fiscalía General del Estado (FGE).
Positivo reforzar presupuesto de FGE pero también debe hacerse en otras instituciones que ayudan a víctimas
La defensora de derechos mencionó que es importante que el gobierno estatal haya incrementado el presupuesto de la FGE de 938 a mil 400 millones de pesos este 2024, para que incrementen la operatividad de las investigaciones y aumentos salariales al personal, pero que también es necesario hacerlo con asesores victímales de otras instituciones para que también mejoren los servicios que ofrecen a las mujeres y grupos vulnerables.
Agregó que desde 2020 continúa funcionando el enlace entre instituciones de gobierno como la FGE, Ceaveqroo, Comisión de Búsqueda, IQM, Supinna, DIF y autoridades municipales en coordinación con organizaciones civiles y colectivos defensores de derechos y madres buscadoras, para la canalización de víctimas en el Estado y se ha reportado en varias ocasiones la necesidad de reforzamiento de las plantillas de asesores victímales que son insuficientes para las necesidades de la población quintanarroense.
De enero a noviembre de este año, la entidad registró 7 mil 529 de delitos contra la familia, de los cuales 6 mil 218 son por violencia familiar, confirman los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
