“A 55 años del genocidio perpetrado en Tlatelolco, exigimos justicia”, fue la premisa del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, colectivo creado por sobrevivientes de la matanza del 2 de octubre de 1968 y que desde hace 54 años convoca a una marcha conmemorativa por el atentado del gobierno que dejó más de 300 estudiantes muertos y miles de detenidos; y que este año convocó a 4 mil personas.
La marcha conmemorativa a los 55 años de la matanza de Tlatelolco congregó, como cada año, a contingentes estudiantiles de las principales escuelas públicas del país, organizaciones obreras y campesinas, así como a familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“La exigencia es y siempre ha sido la misma: justicia“, explica a La Verdad Noticias Victor Moreno, mejor conocido como “El Bajo”, integrante del Comité 68 y sobreviviente del movimiento estudiantil de ese año.
El estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), una de las escuelas que sufrió el embate del gobierno en 1968, detalla que aunque ya se ha publicado información antes reservada, todavía hay muchos documentos y grabaciones de la época que hace falta liberar.
Con el avance de la marcha por el Eje Central, el micrófono del Comité 68 se abrió a otras organizaciones sociales, entre estas a la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México, organismo que alegó la falta de proyectos de izquierda en el país, así como la necesidad de impulsar una educación analítica y crítica con las problemáticas que permean a México.
Las organizaciones sociales también denunciaron lo que definieron como una forma de ignorar las demandas sociales con las Comisiones de la Verdad.
Bajo una lluvia constante en el primer cuadro de la ciudad y con Palacio Nacional amurallado con vallas metálicas, el Comité del 68 comenzó su mitin en el Zócalo capitalino en donde denunció la impunidad que persiste y que, señalaron, se ha replicado en otros atentados contra estudiantes y sectores sociales como el 10 de junio de 1971, en Aguas Blancas, Acteal, Atenco y hasta Ayotzinapa.
El Comité 68 hizo énfasis en que la principal demanda de madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, quienes marcharon la semana pasada por los 9 años de la desaparición de su hijos, es la misma que se ha exigido desde 1968: que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abra los documentos y la información que mantiene en resguardo.
Al templete también se sumaron otras organizaciones cuyas demandas oscilaron entre el aumento al presupuesto para educación, la implementación de reformas laborales que beneficien a la población trabajadora, liberación de las y los presos políticos de las diferentes movilizaciones sociales, así como un alto a la represión por parte del Estado contra las demandas ciudadanas.
Entre las consignas se mostró el respaldo a la lucha magisterial y también se arremetió contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por su falta de pericia para defender los derechos humanos, así como contra el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) por la reducción de incentivos a la investigación académica.
Además, se emitieron pronunciamientos para legitimar las luchas históricas de guerrilleros como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como de líderes sociales como Misael Núñez Acosta.
De acuerdo con datos preliminares del gobierno capitalino, la marcha conmemorativa del 55 aniversario de la matanza de Tlatelolco congregó a 4 mil personas que se movilizaron con la misma bandera de justicia social. Esta cifra se compara con la de años anteriores: alrededor de 4 mil asistentes en 2022; y 5 mil 200 en 2021.
Para el 2 de octubre de 2018, a 50 años de la noche de Tlatelolco, dos meses antes de que el presidente López Obrador tomara posesión del Ejecutivo federal, y con el antecedente de que un mes antes estudiantes del CCH Azcapotzalco fueron atacados por grupos porriles en la explanada de rectoría de la UNAM, la marcha concentró a más de 90 mil asistentes.
La búsqueda de justicia
Entre los principales señalados de perpetrar el atentado contra la multitud de estudiantes se señaló a Luis Echeverría, quien fungió como titular de la Secretaría de Gobernación entre 1964 y 1970, y fue presidente de México entre 1970 y 1976, periodo en el que ocurrió otra represión el 10 de junio de 1971, conocida como “El Halconazo”.
Echeverría Álvarez fue señalado en julio de 2004 como uno de los responsables de las matanzas del 2 de octubre y el 10 de junio por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Desde 2005, un magistrado federal ordenó su aprehensión, pero por la edad del expresidente -83 años para entonces- se le impuso arresto domiciliario hasta marzo de 2009.
El arresto que Luis Echeverría pasó en su casa, concluyó por la exoneración por parte de un tribunal a las acusaciones que lo implicaron como el responsable de la matanza de Tlatelolco. Sin embargo, tras la muerte del exmandatario, el 8 de julio del año pasado, el Comité 68 detalló que Echeverría Álvarez no murió impune.
“Echeverría no murió impune, murió en calidad de imputado por el delito de genocidio, del cual tampoco fue exonerado como se ha hecho creer, quedó libre bajo reservas y esperando que la Procuraduría General de Justicia (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), reabra el caso”, señaló el Comité en un comunicado de su red social X.
Aún tras la muerte de los diferentes mandos políticos, policíacos y militares, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas continúa en la búsqueda de justicia. A esta demanda como punta de lanza, se suman otras como la libertad de presos políticos, la búsqueda de desaparecidos, un alto al asedio a las normales rurales, la defensa de la educación pública, detener la violencia hacia las mujeres, entre otras.
Apenas el pasado 27 de septiembre, el mismo comité cuestionó la “justicia transicional” implementada por el actual gobierno a través de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, a la cual señalaron de mantener irregularidades y simulaciones mientras la verdadera intención del gobierno, acusaron, es “proteger al poder militar, lavarles las manos y mantenerlos en total impunidad”.
Demandaron a la Fiscalía General de la República reactivar “los procesos judiciales del 2 de octubre, del 10 de junio, de la llamada Guerra Sucia y que el Ejército entregue los archivos del 2 de octubre de 1968 y los de los normalistas de Ayotzinapa”.
