El gobierno estadounidense logró un acuerdo judicial en una prolongada demanda sobre la separación de padres e hijos en la frontera por parte del gobierno del entonces presidente Donald Trump. El acuerdo limita medidas similares por ocho años y proporciona beneficios.
Un acuerdo judicial fue alcanzado el lunes entre el gobierno estadounidense y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en una prolongada demanda que buscaba medidas de protección para evitar la separación de padres e hijos en la frontera sur de EEUU.
El acuerdo, que aún debe ser aprobado por el juez, prohíbe a las autoridades migratorias realizar medidas similares durante ocho años y al mismo tiempo proporciona prestaciones como la posibilidad de que sus padres ingresen a Estados Unidos y trabajen.
“Este acuerdo ayuda a los familiares a reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos y recibir servicios para ayudarlos a abordar el trauma que han sufrido”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Además, se prevén reunificaciones familiares continuas, alivio de inmigración y ciertos servicios de apoyo para familias separadas, incluidos servicios de salud conductual, apoyo legal específico relacionado con reclamos de inmigración, asistencia de vivienda limitada y cierta cobertura médica.
Sin embargo, no incluye el pago de daños monetarios.
ACLU abundó en que el gobierno estadounidense financiará la reunificación en EEUU entre las familias y les brindará una vía para solicitar asilo y autorización de trabajo.
El acuerdo anunciado beneficiaría a entre 4.500 y 5.000 niños y sus padres, según informó ACLU.
“Este acuerdo cierra el capítulo más oscuro de la administración Trump, pero por muy bienvenido que sea, el daño infligido a estas familias será siempre trágico e irreversible”, dijo Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU.
La organización afirmó en la demanda que con la práctica de “tolerancia cero” de la administración de Donald Trump, “miles de niños” fueron separados de sus padres “sin previo aviso”.
Los menores que no pudieron permanecer bajo custodia penal con sus padres tras cruzar irregularmente la frontera, fueron transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y luego en su mayoría enviados a vivir con un patrocinador, a menudo un pariente u otra persona con una conexión familiar.
Los menores también habrían sido enviados a instalaciones a “miles de kilómetros de distancia” de sus padres, sin detalles sobre cuándo serían reunidos de nuevo.
Este caso comenzó el 26 de febrero de 2018, cuando una demandante identificada como “Señora L” presentó una denuncia en el Distrito Sur de California alegando que había sido separada ilegalmente de su hijo.
Posteriormente, ACLU presentó una demanda colectiva que tenía múltiples testimonios de padres separados de sus hijos.
El 26 de junio de 2018, el tribunal de distrito emitió una orden preliminar prohibiendo las separaciones futuras “excepto en ciertas circunstancias específicas”, y en enero de 2021, el Departamento de Justicia rescindió la política de “tolerancia cero”.
“El Grupo de Trabajo ha buscado en miles de registros gubernamentales para identificar familias separadas y hasta ahora ha reunido a más de 750 niños con sus familias y ha identificado a 85 niños adicionales que actualmente están en proceso de reunirse con sus familias”, aseguró DHS.
