Rosy Sinecio

PROTECCIÓN A PERIODISTAS

ABC de los derechos, por Edgar Cortez

El 2 de noviembre, además de la celebración de muertos, es el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.

¿Cuál es la razón de este día? En 2013 fue establecido este día por la asamblea general de Naciones Unidas, como una forma de sensibilizar sobre los riesgos crecientes que sufren los periodistas en muchos lugares del mundo, situación que tiene un efecto negativo sobre nuestra libertad de expresión y el acceso a la información de la sociedad.

El número de periodistas agredidos, asesinados o desaparecidos es creciente y alarmante. Según el informe Conocer la verdad, es proteger la verdad de la UNESCO entre 2020 y 2021 fueron asesinados 117 periodistas en todo el mundo, mientras que entre enero y septiembre de 2022 habían sido asesinados 66 periodistas. En el mismo informe se reporta que las agresiones en contra de mujeres periodistas están creciendo de manera significativa.

El mismo informe señala que América Latina y el Caribe es la peor región para el trabajo de los periodistas.

Si nos enfocamos en México las cifras son francamente malas. Según la organización Artículo 19, entre el año 2000 y septiembre de 2023 en México han sido asesinados 162 periodistas probablemente a consecuencia de su trabajo y 12 son mujeres periodistas. 42 de estos asesinatos han sucedido durante el actual sexenio.

Los estados donde se concentra el mayor número de periodistas asesinados son: Veracruz con 31, Guerrero 17, Tamaulipas y Oaxaca con 15 respectivamente y Chihuahua con 14.

¿Qué ha hecho el gobierno mexicano al respecto? Hace poco más de 11 años se instaló el Mecanismo de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que de acuerdo a la ley tiene como objetivo: establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

En términos llanos, la tarea es proteger a periodistas para que sigan haciendo su trabajo de forma segura. Luego de más de una década de existencia del mecanismo, actualmente protege a unas 1200 personas y alrededor de la mitad son periodistas, sin embargo la existencia del mecanismo no significa la plena protección de los periodistas.

La falta de investigación exhaustiva sobre las agresiones para determinar quiénes son los responsables, da lugar a una impunidad casi total. Esta realidad nos lleva a afirmar la existencia de zonas de silencio, es decir regiones donde los periodistas deciden no informar pues su vida está de por medio, lo cual tiene como consecuencia que existan regiones del país de las que no sabemos prácticamente nada de la violencia que se vive. En otras palabras, a mayor riesgo para los periodistas el resultado es una sociedad con menos libertad de expresión y con un reducido acceso a la información.

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