La Asamblea de Tenedores del Fideicomiso 4755 (AGRO22; Agrofibra) celebrada el pasado
29 de julio continúa dando de qué hablar.
La opacidad con la que se actuó en beneficio de Lexington Capital y ante la presencia
complaciente de la Lic. Patricia Flores Milchorena en su función de Representante Común
quedó en evidencia en la solicitud de nulidad de la Asamblea presentada ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
Es curioso que fuera la misma Lic. Flores Milchorena, quien funge como directora de
Representación Común de CI Banco, la que declarara en 2019 en entrevista con El
Economista que “los representantes comunes somos los ojos de los inversionistas observando
a las emisoras, pero nuestra tarea va más allá de la observación, tenemos facultades para
forzar que se hagan las correcciones cuando algo no está bien”
.
No solo faltó a su palabra y a su deber, sino que la manera en que se dieron los
acontecimientos da lugar a la sospecha de que se cargaron los dados, privilegiando de manera
evidente los intereses de Lexington Capital.
Recordemos que dentro de la Asamblea se nombró a Gerardo Martín Flores Deuchler como
nuevo consejero “independiente” del fideicomiso. Dicho nombramiento nunca debió
aprobarse, pues está comprobado que Flores Deuchler funge el cargo de Socio Gerente del
desarrollo inmobiliario “Terranda Mineral de Pozos”, proyecto financiado por Lexington
Capital. Fue la misma Flores Milchorena quien presumió de tener en su poder la carta de
manifestación de independencia, la cual nunca se compartió con el resto de los tenedores ni
se leyó en la Asamblea. El conflicto es evidente.
Contradictoriamente a su actual proceder, Patricia Flores también señaló en su entrevista de
2019 que “somos parte del sistema de alertas, nos corresponde avisar cuando un emisor no
está entregando la información completa o a tiempo. En casos extremos, nuestro trabajo
implica hacer hasta de investigadores y contratar abogados para hacer valer los intereses
de los inversionistas”.
Esta incoherencia en el modo de actuar de la directora de Representación Común de CI
Banco le suma un eslabón más a la cadena de agravios en los que incurrió la institución
bancaria, con las consecuencias por todos conocidas.
La bola está en la cancha de los órganos reguladores, y ante ellos se presenta la gran
oportunidad de que las cosas se corrijan y se actúe conforme a la legalidad y la transparencia
con la que debe actuar el Sistema Financiero Mexicano.
