En el corazón del Caribe mexicano, donde cada amanecer recibe a gigantescas embarcaciones llenas de turistas, Quintana Roo inicia una nueva etapa fiscal que busca equilibrar el desarrollo económico y la conservación ambiental. El cobro del Derecho de No Residente (DNR) a pasajeros de cruceros no será inmediato ni drástico: será escalonado y revisado año con año hasta alcanzar su máximo en 2030.
Así lo explicó la diputada Marybel Villegas Canché, de Morena, quien funge como secretaria de la Comisión de Hacienda y ha participado activamente en la creación del nuevo esquema. Su anuncio marca un cambio importante en la forma en que México busca que el turismo marítimo contribuya al desarrollo local.
Un acuerdo con la industria naviera para un modelo sostenible
Villegas Canché detalló que el nuevo modelo fiscal no fue impuesto de manera unilateral, sino resultado de un diálogo sostenido con las principales navieras internacionales que operan en el Caribe. “El objetivo es que el incremento sea gradual, permitiendo que las empresas y el turismo se adapten sin afectaciones”, señaló.
La primera etapa, vigente hasta el 31 de julio de 2026, establece un cobro de 5 dólares por pasajero. Posteriormente, entre agosto de 2026 y junio de 2027, la tarifa aumentará a 10 dólares. En la siguiente fase, del 1 de julio de 2027 al 31 de julio de 2028, se fijará en 15 dólares, y finalmente, del 1 de agosto de 2028 al 30 de septiembre de 2030, alcanzará los 21 dólares por pasajero.
Este calendario de aumentos fue acordado en conjunto con la industria para garantizar que la medida no impacte negativamente en la llegada de cruceros ni en la competitividad de los puertos mexicanos frente a otros destinos del Caribe.
Un decreto con vigencia hasta 2030 y estímulos fiscales incluidos
El decreto que establece este esquema escalonado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2025. En él se fijan los lineamientos, el calendario de incrementos y los estímulos fiscales que acompañarán la medida. La vigencia se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2030, periodo durante el cual el esquema será objeto de revisiones constantes para asegurar su efectividad y transparencia.
“El turismo es un motor económico, pero también debe ser una fuente de bienestar y sostenibilidad. Este decreto busca precisamente ese equilibrio”, destacó la legisladora.
Participación del gobierno federal y organismos turísticos
La diputada puntualizó que el acuerdo fue producto de una negociación entre el gobierno federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Turismo, así como del Instituto Nacional de Migración, que tiene la responsabilidad de coordinar la retención y el cobro de este derecho.
Las navieras, por su parte, se comprometieron a colaborar en la retención automática del DNR y en su entrega puntual al gobierno mexicano, facilitando así su implementación gradual. Este modelo permitirá que las empresas mantengan claridad financiera y que las autoridades dispongan de información precisa sobre los flujos de visitantes.
Un paso hacia el turismo responsable y la equidad económica
El cobro del Derecho de No Residente a pasajeros de cruceros representa un paso hacia la equidad en el sector turístico. Hasta ahora, gran parte de la derrama económica generada por los cruceros quedaba fuera de la recaudación local. Con este esquema, Quintana Roo podrá destinar más recursos al mantenimiento de infraestructura, servicios públicos y protección ambiental en las zonas portuarias.
Los municipios de Cozumel y Mahahual, dos de los principales receptores de cruceros, serán los primeros beneficiados. Los ingresos obtenidos permitirán mejorar los servicios básicos y fortalecer los programas de sostenibilidad que buscan proteger los arrecifes, manglares y ecosistemas marinos que son el atractivo natural más importante del Caribe mexicano.
La importancia de un turismo justo y sustentable
La iniciativa de cobro escalonado no busca frenar el turismo, sino hacerlo más responsable. Cada pasajero de crucero contribuye, con una cuota mínima, al sostenimiento de los destinos que visita. Este tipo de políticas fiscales, adoptadas también en países como Bahamas o Costa Rica, fortalecen la economía local sin afectar la experiencia del viajero.
Para Marybel Villegas, la medida es un ejemplo de que el desarrollo turístico y la responsabilidad social pueden ir de la mano. “No se trata solo de recibir turistas, sino de cuidar lo que hace único a Quintana Roo. El turismo debe dejar beneficios reales a la gente y al entorno”, afirmó.
Hacia un futuro de equilibrio entre turismo y medio ambiente
Con esta política, Quintana Roo se posiciona como un referente regional en turismo sustentable. El estado no solo busca mantener su liderazgo como principal receptor de cruceros en México, sino también construir una relación más justa entre los visitantes, las empresas y las comunidades locales.
De cara a 2030, el reto será mantener el crecimiento turístico sin comprometer los recursos naturales. Con una estrategia fiscal clara y un diálogo permanente entre autoridades y sector privado, el Caribe mexicano avanza hacia un modelo de prosperidad compartida.
(Con información de La Verdad Noticias)
