El 22 de febrero continuará el litigio interpuesto por México contra vendedoras de armas de fuego en Estados Unidos, a las que el gobierno mexicano acusa de tener prácticas comerciales facilitan el tráfico de sus productos a territorio nacional.
La Corte de Distrito para el Distrito de Arizona notificó este viernes a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que el mes entrante se celebrará la audiencia para presentar alegatos orales ante la jueza Rosemary Márquez, según un comunicado.
Esta es la segunda demanda de México en contra de actores de la cadena de comercio de armas en Estados Unidos. La primera se presentó en Boston en 2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras estadounidenses, y se encuentra en etapa de apelación.
Mientras la demanda en Boston cuestiona una responsabilidad más amplia de las empresas que fabrican y distribuyen armas de fuego que facilitan su tráfico ilícito a nuestro país, esta segunda demanda en Arizona se centra en la negligencia de puntos directos de venta de armamento.
El litigio en Arizona fue presentado por el gobierno mexicano en agosto de 2022 contra: Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix); y Sprague’s Sports, INC. (Yuma).
Según datos de trazabilidad, estas tiendas suministran habitualmente armas de alto poder a organizaciones criminales en México. La trazabilidad se refiere al rastreo que hacen las autoridades para conocer el origen del arma una vez que ha sido asegurada.
Durante este proceso, la jueza Cindy Jorgenson se excusó de conocer el caso y canceló la audiencia originalmente programada para el 28 de agosto de 2023. Posteriormente, el asunto fue reasignado a la jueza Rosemary Márquez, quien fue designada en el cargo en 2014 por el entonces presidente de ese país, Barack Obama.
Adicionalmente, conforme a la práctica de litigio en Estados Unidos, la Corte solicitó a las diversas partes información que deberán aportar con antelación a la audiencia, incluyendo una propuesta de calendario procesal y de la forma en las partes deberán exhibir y revelar su material probatorio (discovery). “Este requerimiento refleja un profundo interés de la jueza Márquez en realizar un análisis exhaustivo del asunto, lo cual confirma la seriedad y transcendencia del caso”, de acuerdo con la SRE.
