México tendrá en pocas semanas una nueva ley de telecomunicaciones que obligará a todas las empresas de telefonía celular a entregar desbloqueados los teléfonos que pongan en manos de los consumidores, sea en prepago o por contrato, pero con ciertos mecanismos que garantizarán que el usuario no desaparecerá sin pagar por el equipo.
El padre de esta determinación que fue escrita casi de último minuto por el Congreso de la Unión en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) es el senador Ricardo Sheffield Padilla, quien presentó una reserva para actualizar los artículos 185 y 273 de una primera versión la LMTR.
De no haberse modificado esos dos artículos, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión hubiera provocado un desequilibrio en el mercado de los teléfonos celulares apenas hubiera entrado en acción, es por ello que la reserva de Ricardo Sheffield Padilla es una de las únicas tres que se aceptaron en la noche en que se aprobó la LMTR. Las otras dos fueron presentadas por el senado Javier Corral, uno de los grandes protagonistas en las discusiones de esta nueva ley.
La primera versión de esta legislación que se discutió la semana pasada en el Senado de la República obligaba a los operadores de servicios de telecomunicaciones que prestan servicios móviles, a entregar desbloqueados los equipos y sin ningún tipo de mecanismo que definiera cómo sería esa entrega y las obligaciones a las que debería someterse también el cliente.
Esto hubiera provocado entonces que empresas como AT&T, Telcel, Movistar y los operadores móviles virtuales tuvieran menos incentivos para financiar teléfonos para los consumidores, por el riesgo de que éste se fuera sin pagar por el equipo.
Y además, existía así la posibilidad de que se creara un círculo vicioso, por el hecho de que las cadenas minoristas y tiendas departamentales que hoy están entre los principales vendedores de teléfonos en México, se hicieran con una mayor participación en el mercado, pero cobrando más caro los teléfonos que las mismas telefónicas, en principio por los intereses, lo que en definitiva se traduciría en que los mexicanos comprarían menos celulares por su elevado precio, de ahí la posible alteración del mercado y propiciada por la misma ley que asegura en su espíritu ver por los usuarios.
El senador Sheffield Padilla identificó este potencial escenario y cuenta que maniobró entre sus colegas para tratar de meter su reserva a las discusiones, a la que también se propusieron un total de 72 reservas también importantes de otros senadores para la nueva ley, si bien sólo las de Sheffield y Corral interesaron al resto de senadores.
“Suerte no fue; ni fue sólo un hecho de una noche. Estuve trabajando todo el día en esa reserva y hablándola y socializándola; y no sólo con compañeros del Senado, sino también con algunas personas que pusieron su fe en el proceso del gobierno federal, incluido, entre ellos, un jurídico de la Presencia”, relató el senador.
La versión de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se aprobó en el Senado y luego en San Lázaro agregó un enunciado que dota de certidumbre a todo el sentido de los artículos 185 y 273 de esa ley: “La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitirá los lineamientos que establezcan los términos en que los concesionarios y, en su caso, autorizados, cumplirán con esta obligación (de entregar los celulares desbloqueados)”.
Esa es la oración que redefinió el contenido de esos artículos y evitó una lluvia de amparos del sector telecom contra esa ley por la incertidumbre que hubiera provocado.
La redacción anterior también hacía pensar, que, si se aprobaba esos artículos como se habían propuesto al cuerpo legislativo, quitando incentivos a las telefónicas para vender teléfonos, se hubiera beneficiado al actor de mayor dimensión en el mercado celular mexicano, ya que, por ejemplo, el grupo económico al que pertenece ese operador, cuenta también con 233 sucursales de sus tiendas departamentales y restaurantes que igualmente comercializan celulares.
El mercado mexicano de celulares es altamente relevante en el continente americano. Por volumen, es el tercero después de los de Estados Unidos y Brasil, con más de 151 millones de equipos usándose al arranque del año 2025. Y cada año se comercializan hasta 30 millones de celulares en el país, para nuevos usuarios y para recambio, lo que se traduce en un negocio con valor de 6,500 millones de dólares a disposición de todos los actores que venden teléfonos aquí.
“Nos íbamos a quedar sin una opción y la más natural para renovar nuestro equipo, porque así lo íbamos a tener que comprar más caros por los intereses o de contado. Y los únicos que iban a hacer un gran negocio son las tiendas como los Coppel, Elektra, Sanborns, Sears… que son los otros principales distribuidores de equipo y ellos su negocio es vender el equipo, no el servicio como sí es de las telefónicas por su core business”, dijo Ricardo Sheffield.
“Al momento de aprobarse la ley así, les iban a dar una ventaja competitiva a unos; se iba a generar un desequilibrio en el mercado, en favor de las cadenas de ventas al menudeo (…) Estos motivos me parecían muy importante atenderlos por esa posible alteración en el mercado (…) La idea es que se permita funcionar en un libre mercado y se protejan a los consumidores. Al final del día se avanzó con eso”, expuso el senador.
(Con información de El Economista)
