Quintana Roo se prepara para la creación y reforzamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues una iniciativa de ley para su consolidación se analiza en la XVII Legislatura, con esta propuesta de ley se busca tipificar el lavado de activos en tres grupos importantes que mueven dinero en el Estado y se propone sanciones de cinco a 15 años de cárcel por incurrir en el delito.
Esta Unidad se enfocará en realizar investigaciones de riqueza de bienes para determinar su procedencia lícita en funcionarios públicos, empresarios o personas físicas, así como grupos delincuenciales que operan en el Estado y mueven los bienes o recursos a otras entidades federativas.
La propuesta consiste en incluir el Código Penal de Quintana Roo, un capítulo séptimo en el que se tipifique el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que permitirá la investigación del origen de las riquezas o bienes sin importar de donde provengan para determinar si son de procedencia ilícita o no.
Por lo que toda persona que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro de Quintana Roo y también hacia otras entidades del país cualquier tipo de recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, serán sujetos a proceso de investigación judicial. También se sancionará a quien pretenda ocultar este mismo enriquecimiento ilícito.
Para lograr este objetivo se tendrá que reforzar a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que opera el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) para que se fortalezca la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien se encargará de obtener y analizar con fines de inteligencia toda la información fiscal, financiera, patrimonial y colaborar de manera directa con la Fiscalía General del Estado (FGE) para la investigación de las funcionarios, empresas, personas físicas o grupos criminales involucrados en delitos fiscales con recursos de procedencia ilícita.
Penas más severas para funcionarios públicos de Quintana Roo
En el caso de que el delito sea cometido por funcionarios públicos de Quintana Roo las penas carcelarias se incrementan al doble y alcanzará a aquellos que ya hayan terminado su período como funcionarios hasta dos años después, además de activarse una inhabilitación por los mismos años que se impongan de cárcel, misma que comenzará a funcionar después de salir de prisión.
Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura, Hugo Alday, dijo que está en análisis la propuesta y aún se determina cuánto recurso necesitará para su operación.
Explicó que existía una iniciativa desde la Legislatura XVI, sin embargo, la propuesta que colocó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, reforzará el panorama para darle forma al fortalecimiento de la UIF de Quintana Roo y mejorar los trabajos de la FGE para que se atienda a través de una mesa especializada en la atención de este delito, es decir, que ambas instituciones colaboren para determinar el delito.
El diputado puso ejemplos para dimensionar la aplicación de la ley, uno de ellos el enriquecimiento de funcionarios de seguridad estatal o municipal, que adquieren software para el uso de los policías en situaciones de investigación de corrupción, pero que tienen salarios promedio de 18 mil pesos y de manera inesperada adquieren bienes de alto poder adquisitivo, lo cual no coincide con su realidad financiera, ese tipo de acciones, serán focos rojos para la UIF de Quintana Roo quien investigará para determinar la procedencia lícita o no de los bienes de estos funcionarios.
De la misma manera servirá para inspeccionar los bienes que obtienen funcionarios públicos que no sean coincidentes con los recursos que ganan con sus salarios.
En otros casos para detectar enriquecimiento ilícito de la delincuencia organizada, se revisará que el sujeto activo que obtenga bienes de alto poder adquisitivo como ranchos, terrenos, yates, vehículos, se le dará vista a las autoridades responsables como la IUF y la FGE.
Parte de estos procesos deberán de provenir de los indicios que tenga el SATQ, pero también la Fiscalía de Quintana Roo u otras dependencias de investigación federal.
Siguiente etapa devolverle al pueblo lo robado
Hugo Alday, dijo que con esta iniciativa se debe avanzar a un nuevo panorama de justicia, para prevenir en casos históricos como el ocurrido con el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, ya que en su momento no se contaba con una suficiente infraestructura jurídica y actualmente se encuentra recluido en un penal federal.
Agregó que otra etapa futura para Quintana Roo será solidificar el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) con los bienes que se decomisen a través del medio jurídico de extinción de dominio”, para después buscar obtener ingresos nuevos, tal y como se implementó en Hidalgo y otras entidades federativas que adoptaron este modelo que tiene el Gobierno de México.
