“Quisiera que mis hijos no sepan de abusos, ni de violencia, que tengan una vida diferente”, relata Ana* entre lágrimas. Ella, junto a sus dos hijos, huyó de Guerrero, México, a Tijuana, donde permanece en un albergue de migrantes debido a la política “Quédate en México”, también conocida como “Migrant Protección Protocols” (MPP), la cual obliga a los migrantes que aplican a asilo en los Estados Unidosa esperar indefinidamente en territorio mexicano por la respuesta a su solicitud.
Ana era ama de casa y tenía un negocio de venta de pollos y tortillas con su mamá. Con nostalgia, recuerda lo que le gustaba hacer en Guerrero: ir al campo, sembrar maíz y compartir tiempo en familia. Pero organizaciones criminales empezaron a extorsionar a los comercios de su comunidad e imponer pagos de cuotas para entrar a su pueblo. Esta situación la obligó a subir el precio de sus productos, hasta el punto de que la gente ya no los compraba. La amenaza permanente del crimen y la incapacidad de poder tener un ingreso para vivir, la obligó a huir a la frontera para buscar asilo en los Estados Unidos.
Mientras narra su historia, Ana recuerda que en Guerrero perdió a su primo y a varios miembros de la familia de su esposo en manos del crimen organizado. “Me pasaron cosas que hasta pena me da contarlas. Me preocupa que a mis hijos les pueda pasar algo malo”, narra Ana, quien esconde su rostro por temor a represalias.
Además de ser uno de los estados mexicanos más violentos, Guerrero también tiene uno de los más altos índices de pobreza, carencias sociales y bajos ingresos en el país, según datos de la medición multidimensional de la pobreza, generados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de México.
La historia de Ana como refugiada se repite una y otra vez alrededor del mundo. Cada minuto, veinticuatro personas dejan su hogar y su familia para huir de la violencia, la falta de oportunidades, el cambio climático, entre otros; según datos de la Organización de Naciones Unidas, (ONU).
Mientras tanto, en México, el flujo de migrantes sigue creciendo, a pesar de las restricciones fronterizas impuestas por razones de seguridad y bioseguridad durante la pandemia de COVID-19. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), hasta el primer trimestre de este año, 29.574 personas pidieron protección internacional, lo que representa un 32% de aumento respecto al mismo período del año pasado.
En Tijuana y Mexicali, ciudades ubicadas en la frontera norte de México, Catholic Relief Services (CRS) y la Coalición Pro-Defensa del Migrante (COALIPRO) unieron esfuerzos desde el 2020 para responder a la crisis migratoria actual y las necesidades de los migrantes y refugiados que llegan, la mayoría con el propósito de buscar asilo en los Estados Unidos. Gracias a esta alianza, los albergues de migrantes de ambas ciudades han logrado ampliar su capacidad de respuesta. A la fecha, CRS y COALIPRO han servido a más de 9.000 migrantes, incluyendo a Ana y sus dos pequeños hijos.
A ella y otros migrantes, CRS y COALIPRO les brinda apoyo psicosocial, alimentación, atención médica, seguridad, asesoría legal y atención a sus necesidades básicas de higiene, para que puedan tener una vida más digna mientras esperan una respuesta a sus solicitudes de asilo.
“Aquí me siento bien, porque no tenía un lugar donde llegar. Aquí tengo donde dormir y no tengo miedo a que me quiten a mis hijos. Ya no ando en la calle exponiéndome a que me los quiten”, dice Ana.
