Víctimas latinas y afroamericanas de violencia de las fuerzas policiales estadounidenses estarán presentes entre el 12 y el 19 de octubre en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. Su objetivo: elevar una demanda en contra de las autoridades del país por violar los derechos humanos. Básicamente, lo que buscan es que la comunidad internacional condene el accionar de los agentes de la policía en cada uno de los estados y en las fronteras.
En una conferencia de prensa virtual, que se transmitió desde San Diego y México D.F y en la que El Tiempo Latino estuvo presente, la comisión -que incluye a cuatro personas atacadas por las autoridades policiales y familiares de dos hombres asesinados por oficiales de frontera- expuso los motivos de su viaje a Naciones Unidas.
A pesar de que las seis son historias diferentes, sus protagonistas coincidieron en algo: “Lo hacen porque quieren vivir con dignidad”.
Los seis cuentan con el apoyo de organizaciones civiles e instituciones como Alliance San Diego, la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur (SBCC, por sus siglas en inglés) y la Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, en California.
Estas ONG, además de asesorar y acompañar a las víctimas, llevan adelante campañas de gran difusión para exigir que Estados Unidos cambie su política de actuación policial y se acoja a los pactos de derechos humanos internacionales.
Víctimas que conmueven
El primero en hablar y contar su historia fue Ted Womack (32), quien compartió su mala y constante experiencia con la policía en California.
El hombre, un afroamericano que vive en San Diego, contó que ha tenido al menos 100 encuentros con la policía, desde situaciones en las que lo pararon para hablar hasta oportunidades en las que varios oficiales le apuntaron con armas. Dijo que es normal tener miedo de salir a la calle.
Tienen miedo “no por la gente del barrio, sino porque puede que haya mucha policía”.
“Me registron, me amenazaron con violencia y me intimidaron cada vez. Y eso no es el futuro que yo quiero para mi hijo. Mi hijo está en una cama con autismo y si él fuera a experimentar las cosas por las que yo he pasado, creo que se vería perjudicado. Me gustaría cambiar eso algún día”, agregó.
Quien después tomó la palabra fue Marisol García Alcántara, una mujer mexicana que recibió un balazo en la cabeza por parte de la patrulla fronteriza en el estado de Arizona.
La mujer sobrevivió de milagro y, tras permanecer 22 días en un centro de detención, la deportaron en medio de un procedimiento irregular. Por su caso, no hay ningún oficial condenado. La historia de Marisol se convirtió en un emblema de la lucha de los latinos que quieren cruzar la frontera.
“No nos están dando la dignidad que nosotros merecemos, sólo por el hecho de pasar ilegalmente. Queremos que nos escuchen, que también nosotros tenemos voz y tenemos que vivir justamente”, dijo.
Jovanny Hernández expuso se experiencia con la patrulla fronteriza en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, lugar en el que vive. Según dijo, la ciudad está rodeada por seis puestos de control, todos dentro de Estados Unidos.
“Tengo que cruzar un puesto de control cada vez que quiero ver a mi familia en otra ciudad, aunque viajo dentro del país. Me hace sentir como un criminal por viajar en mi propia casa. No deberíamos enfrentarnos al terror, la militarización y la caracterización basada en la raza”.
Dijo que “se encuentran en una isla patrullada por oficiales de inmigración que son hostiles a personas de determinada raza, que hablan español o que lucen como si no fueran de aquí”.
El turno posterior fue para Ramona Casas, quien vivió situaciones desagradables con la policía fronteriza de Texas. Pese a ser ciudadana americana, tiene que salir todos los días de su casa en el Valle de Río Grande con el pasaporte en la mano. Tiene temor a que la detengan y la deporten por su origen latino, su acento y su color de piel.
“Sé que si no hago esto, podrían interrogarme y la Patrulla Fronteriza no me creerá que soy ciudadana estadounidense por mi color de piel y acento”, explicó. “Eso es vivir siempre en temor y angustia a que nos pare cualquier agente”, añadió.
El dolor de un familiar que asesinaron
Desde México D.F, habló Taide Elena, abuela de José Antonio Elena Rodríguez, un joven de 16 años asesinado en 2012 de 11 disparos efectuados por un agente de la patrulla estadounidense, desde el otro lado de la frontera de la ciudad mexicana de Nogales, estado de Sonora.
Su único delito fue caminar cerca de los límites entre ambos países. Nunca intentó cruzar ni agredir a ninguna fuerza del orden. Sin embargo, fue ejecutado a sangre fría.
Entre lágrimas, la mujer recordó el violento episodio en el que “terminaron con la vida y los sueños” de su nieto. El autor del crimen fue el policía de Arizona Lonnie Swartz, quien fue juzgado dos veces por ese caso en 2018 en la Corte Federal de Tucson, pero fue absuelto.
El oficial aseguró que respondió a un ataque por parte de varias personas. “Quiero justicia y limpiar el nombre de José Antonio, porque el abogado del agente lo ensució”, dijo Taide Elena.
La comisión será completada por Nora, la esposa de Guillermo Arévalo Pedroza, asesinado por la patrulla de frontera estadounidense en Nuevo Laredo, ciudad fronteriza del estado de Tamaulipas, en el norte de México.
Arévalo recibió balazos mientras festejaba el cumpleaños de su hija. La mujer apenas pudo contar el episodio. “Nos cambió la vida y vamos a luchar”, expresó.
La rueda de prensa estuvo conducida por Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, quien -como dijo en una entrevista concedida a El Tiempo Latino- ratificó la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos haga un cambio inmediato.
Pidió que no haya más impunidad para los agentes que asesinan sin justificación alguna. La experta señaló que es inaceptable los estándares deficientes que tienen las fuerzas del orden a la hora de actuar. “Sólo se rigen si lo consideran razonable. Para ellos siempre es razonable”, dijo.
Un antecedente que refuerza el reclamo
Un nuevo informe de las Naciones Unidas (ONU) publicado el pasado 28 de septiembre sostiene que el racismo por parte de las autoridades estadounidenses -policiales y judiciales- contra los afrodescendientes “es sistemático y generalizado”.
El nuevo trabajo de la ONU refuerza así el testimonio que brindaron, por ejemplo, Ted Womack y Ramonas Casas, quienes sostienen que la actuación policial en sus comunidades es discriminatoria, excesiva y abusiva.
“Las autoridades estadounidenses deben intensificar urgentemente sus esfuerzos para hacer una reforma”, precisó Naciones Unidas.
El informe se produjo tras la visita oficial de una comisión de la ONU a principios de este año, durante la cual escuchó testimonios de 133 personas afectadas, visitó cinco centros de detención y celebró reuniones con grupos de la sociedad civil y una serie de autoridades gubernamentales y policiales en el Distrito de Columbia, Atlanta, Los Ángeles, Chicago, Minneapolis y Nueva York.
“En todas las ciudades a las que fuimos, escuchamos decenas de testimonios desgarradores sobre cómo las víctimas no obtienen justicia ni reparación. Esto no es nuevo y es inaceptable”, dijo Tracie Keesee, miembro experto de la comisión de Naciones Unidas en el informe.
