Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa de reforma constitucional que plantea limitar el aumento de rentas por encima de la inflación, ampliar la vivienda social, crear una institución que regule las relaciones entre inquilinos y reconocer el derecho al arraigo vecinal.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que la propuesta busca elevar a rango constitucional estos principios para garantizar su permanencia y aplicación como política de Estado. “Blindamos el horizonte de una ciudad más justa, habitable y asequible”, afirmó al detallar que esta reforma será la base de una futura ley secundaria.
El primer eje establece que los incrementos en rentas habitacionales no podrán superar la inflación anual reportada por el Inegi.
El segundo obliga al Gobierno de la Ciudad de México a implementar una política integral para incrementar la oferta de vivienda social y asequible, incluyendo la adquisición de suelo para este propósito.
En el tercer punto, se propone la creación de una institución pública encargada de promover y defender los derechos tanto de arrendadores como de arrendatarios, con el fin de generar relaciones contractuales más equilibradas.
El cuarto eje incorpora el derecho al arraigo vecinal y comunitario, así como la implementación de políticas contra la gentrificación.
Brugada Molina señaló que esta iniciativa responde a una problemática creciente en la capital, donde cerca de 2 millones de personas viven en vivienda rentada, es decir, uno de cada cuatro habitantes.
Además, destacó que el aumento sostenido en los precios de alquiler ha impactado de manera más severa a los sectores de menores ingresos y a la población joven.
De acuerdo con datos expuestos entre 2019 y 2023 algunas zonas de la ciudad registraron incrementos superiores al 30 por ciento en rentas, mientras que el costo de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025.
En este contexto, los hogares más pobres llegan a destinar hasta la mitad de sus ingresos al pago de alquiler.
El proyecto de decreto adiciona disposiciones al artículo 9 de la Constitución local para incorporar estos principios.
La jefa de Gobierno hizo un llamado al Congreso de la ciudad para discutir la iniciativa en el próximo periodo legislativo, previsto para septiembre, y avanzar posteriormente en la aprobación de la ley secundaria. “Se trata de un paso histórico para garantizar el derecho a la vivienda y enfrentar la gentrificación”, concluyó.
