Tras su declaratoria de validez por parte del Congreso de la Unión, la presidencia de la República publicó este jueves el decreto sobre la reciente reforma en materia electoral, conocida como Plan B, con lo que se definieron los plazos para adecuar el presupuesto del Senado y de las Legislaturas estatales, así como ajustar las percepciones de consejeros electorales y magistrados.
Con su publicación en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el decreto con el que se modifican los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución entrará en vigor a partir de este viernes. Se recalca que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán armonizar el marco jurídico correspondiente a más tardar el próximo 30 de mayo.
Entre los cambios aprobados se encuentra la reducción de los presupuestos de los congresos estatales, para fijar un tope máximo de 0.70 por ciento respecto del presupuesto de las entidades; así como disminución progresiva del presupuesto del Senado sin afectar derechos de sus trabajadores.
También reglamenta el número de regidores; limita a un síndico por municipio y establece que los consejeros y magistrados electorales no podrán ganar más que la presidenta de la República.
En el documento publicado esta tarde se indica que, a partir del ejercicio fiscal siguiente, el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar una reducción acumulada equivalente al 15 por ciento en términos reales.
Respecto a los Congresos estatales, los cambios deberán hacerse a partir de la próxima Legislatura.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales tendrán que adecuar sus disposiciones normativas, administrativas y presupuestarias para garantizar el cumplimiento de la reforma.
Mientras que la integración de los Ayuntamientos que fue avalada surtirá efectos a partir del periodo administrativo municipal subsecuente en la entidad federativa que corresponda.
